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Sanguinetti y el Uruguay del 0-0 que se perpetua


Julio María Sanguinetti, Ex- Presidente del Uruguay en dos períodos (1985-1990 y 1995-2000), dejó una marca indeleble en la política uruguaya al instaurar una visión pragmática y conservadora que prioriza la estabilidad por encima de las transformaciones estructurales.

Su lema implícito, "el Uruguay es así y nunca va a cambiar" que le dijo alguna vez al Ex- Ministro de Economía Ignacio de Posadas (1), promovió la idea de que el país debe manejarse con cautela, evitando cambios disruptivos y apostando por el diálogo entre las élites políticas para mantener el equilibrio. Este enfoque, conocido como "cuidar el 0-0", se tradujo en una cultura política que privilegia el consenso y la moderación, pero que, según críticos, condena al país a un estancamiento estructural.

Esta mentalidad no solo definió los gobiernos de Sanguinetti, sino que se convirtió en un legado que ha permeado a todas las administraciones posteriores, independientemente de su color político, configurando un sistema donde las grandes reformas son vistas como innecesarias, imposibles o peligrosas, ya que romper algún equilibrio existente, puede llevar a escenarios de falta de gobernabilidad y por ende un caos.

El impacto de esta doctrina ha sido profundo, especialmente en un país que históricamente ha valorado su estabilidad democrática. Sin embargo, esta misma estabilidad ha sido utilizada como excusa para evitar abordar problemas estructurales como la desigualdad, la obsolescencia del sistema educativo o la falta de competitividad económica.

La insistencia en el diálogo como fin en sí mismo ha generado una parálisis política que dificulta la implementación de políticas ambiciosas, dejando al Uruguay atrapado en un ciclo de ajustes menores que no logran responder a las demandas de una sociedad en constante cambio. Esta inercia, es el principal obstáculo para que el país avance hacia un modelo más dinámico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.
Sanguinetti y el bloqueo a las iniciativas reformistas

En su momento hicimos una reseña de las reformas fallidas de Lacalle Herrera (2), en gran parte, debido a la obstaculizaciones que puso Sanguinetti desde el Partido Colorado, haciendo una suerte de "equilibrio" entre reformismo y conservadurismo, que le salió bien a él en el corto plazo, pero mal a su Partido en el mediano y largo plazo, ya que aumentó el poder de la izquierda.
Dentro del Partido Colorado, Sanguinetti ejerció un liderazgo que le permitió controlar las dinámicas internas y frenar cualquier intento de reforma significativa que surgiera desde sus propias filas. Su capacidad para consolidar poder no solo le dio un rol dominante dentro de su partido, sino que también le permitió influir en la agenda política nacional, particularmente en su relación con el Partido Nacional.

Al influir en la interna y los votantes de su partido, Sanguinetti limitó las posibilidades de que los blancos, aliados frecuentes de los colorados en el Parlamento, pudieran impulsar sus propias propuestas de cambio, perpetuando así un sistema político donde las reformas de fondo eran sistemáticamente postergadas.
Este control se tradujo en una política de contención que priorizaba la estabilidad sobre la innovación, afectando no solo a los colorados, sino al conjunto del sistema político uruguayo. La falta de apoyo a iniciativas audaces, ya fueran propias o de otros partidos, reforzó la percepción de que el cambio era innecesario o riesgoso, consolidando la hegemonía del "no se puede".

Este enfoque, aunque efectivo para mantener la cohesión interna del Partido Colorado, tuvo como costo la pérdida de oportunidades para modernizar instituciones, mejorar la eficiencia del Estado o abordar problemas estructurales que aún persisten en el Uruguay contemporáneo.
La crisis del 2002

Jorge Batlle, de ideología liberal y dada su participación en apoyo a las reformas frustradas de Lacalle Herrera, prometía ser un gobierno de cambios con un torbellino legislativo de reformas, que podían contar con apoyo de los Blancos.

Sin embargo el período anterior a la crisis, pasó sin nada de lo pensado y a partir del 2002, estuvo totalmente enfocado en la crisis económica que vivía el Uruguay.
La reforma del Estado: Promesas incumplidas de Vázquez y Mujica



La crisis del 2002 aceleró la llegada del Frente Amplio al poder. Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia en 2005, lo hizo con la promesa de una ambiciosa "reforma del Estado" que sería la base para transformar el Uruguay. Catalogada como la "madre de todas las reformas", esta iniciativa buscaba modernizar la administración pública, mejorar la eficiencia del Estado y sentar las bases para un desarrollo sostenible.

Sin embargo, las expectativas iniciales se desvanecieron rápidamente debido a la resistencia de sectores burocráticos, la falta de consenso político y la dificultad de implementar cambios estructurales en un sistema acostumbrado al inmovilismo.

Por su parte, José Mujica, durante su presidencia (2010-2015), intentó retomar esta agenda explorando modelos internacionales, como el de Nueva Zelanda, conocido por su exitosa reforma estatal en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, sus esfuerzos también quedaron en intentos parciales, con resultados marginales que no lograron transformar la estructura del Estado.
La imposibilidad de ambos gobiernos frenteamplistas para lograr adhesión interna para concretar estas reformas refleja las limitaciones de un sistema político profundamente arraigado en la cautela. Factores como los intereses corporativos, la resistencia al cambio dentro de la propia coalición de izquierda y la falta de una visión clara para implementar reformas estructurales contribuyeron a este fracaso.

Lacalle Pou y la Coalición: Promesas de cambio que no llegaron


La llegada de Luis Lacalle Pou al poder en 2020, tras tres períodos consecutivo del Frente Amplio, respaldado por la Coalición Multicolor, generó expectativas de cambio. Con una mayoría parlamentaria cómoda sumando los partidos de la Coalición y un discurso renovador de cada uno de sus partidos, el gobierno prometió abordar problemas estructurales en áreas como la seguridad, la educación y la economía.

Sin embargo, estas promesas se diluyeron en una gestión que, salvo por la respuesta a la pandemia de COVID-19, no logró concretar transformaciones significativas. La Ley de Urgente Consideración (LUC), presentada como el pilar legislativo del gobierno, abordó temas clave, pero su alcance fue considerado tibio por quienes esperaban un cambio de rumbo más audaz. El período, uno de los más intrascendentes de la historia reciente a no ser por el COVID, no capitalizó el potencial de la coalición para impulsar una agenda reformista.
Las razones de esta percepción de estancamiento son múltiples. La diversidad ideológica dentro de la Coalición Multicolor dificultó la construcción de consensos para medidas más ambiciosas, mientras que la oposición y los sectores sociales, incluidos los sindicatos, ejercieron una fuerte resistencia a los cambios propuestos.

Además, la gestión de la pandemia monopolizó gran parte de la atención del gobierno, desviando recursos y energías de otras prioridades. Como resultado, el gobierno de Lacalle Pou, pese a su potencial inicial, no logró romper con la inercia heredada, consolidando la idea de que incluso con condiciones favorables, el sistema político uruguayo tiende a perpetuar el statu quo. El regreso al Frente Amplio al poder en el 2025

El cuarto período del Frente Amplio, iniciado en 2025, marca un punto de inflexión en la trayectoria de la coalición de izquierda. Lejos del espíritu transformador que caracterizó su llegada al poder en 2005, el FA actual parece haber adoptado plenamente la filosofía sanguinettista del "no se puede hacer nada".

Sus ministros de este gobierno reflejan una postura resignada, enfocada en gestionar lo existente en lugar de proponer cambios estructurales. Esta actitud contrasta radicalmente con el discurso inicial del FA, que prometía "mover los árboles" y transformar el Uruguay en una nación más equitativa y moderna.
Esta evolución puede explicarse por varios factores. El desgaste de gobernar durante múltiples períodos, combinado con un contexto de polarización política y restricciones económicas globales, ha llevado al FA a priorizar la estabilidad sobre la ambición reformista. Además, la falta de liderazgos renovadores dentro de la coalición y la presión de mantener el apoyo de su base electoral han contribuido a esta postura conservadora.

El resultado es un gobierno que, lejos de desafiar el statu quo, parece haberlo abrazado, consolidando la percepción de un Uruguay atrapado en la inercia del "no se puede" y alejado de las promesas de cambio que alguna vez lo definieron.


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(2)