Con Libertad, no ofendu ni Temu

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El gobierno uruguayo, liderado por Yamandú Orsi, ha anunciado medidas para gravar con IVA las compras realizadas en plataformas de comercio electrónico extranjeras, como la china Temu, mientras que el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, ha propuesto limitar las compras por internet en el exterior a una sola por año bajo el régimen de franquicias. 

Ambas iniciativas, disfrazadas en argumentos de "equidad" y "competencia justa" para "la defensa del trabajo uruguayo", no son más que acciones que defienden el lobby empresarial y  representan un retroceso en  la libertad de los consumidores y lejos de generar impactos positivos en la economía, logra los contrarios  

El "Impuesto Temu": un golpe a la libertad y al bienestar económico

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha propuesto incluir en el proyecto de ley de Presupuesto un tributo que grave con IVA (22%) las compras realizadas en plataformas como Temu, exceptuando aquellas provenientes de Estados Unidos debido a compromisos comerciales como el TIFA. Esta medida, conocida como el "Impuesto Temu", responde al auge de las compras en línea en el exterior, que pasaron de 51.389 paquetes en abril de 2024 a 176.000 en junio del mismo año, según datos de la Dirección Nacional de Aduana. 

El gobierno argumenta que busca igualar las condiciones tributarias entre los productos importados y los locales para proteger el comercio uruguayo, pero esto es falso.

En primer lugar, el "Impuesto Temu" encarece los bienes para los consumidores, especialmente para las clases medias y bajas, que han encontrado en plataformas como Temu una forma de acceder a productos asequibles, como ropa (21.6% de los envíos), juguetes (11.8%) o artículos electrónicos (8.9%).

En segundo lugar, la medida no aborda las causas estructurales de la falta de competitividad del comercio local, como los altos costos logísticos, los impuestos elevados y la burocracia. En lugar de gravar a los consumidores, el gobierno debería reducir las trabas para los importadores y comerciantes locales, permitiendo que compitan en precio y calidad. 

Para la Cámara de Comercio, encarecer los productos con IVA es una solución "paliativa y no suficiente", ya que los bienes importados seguirán siendo más baratos. O sea, quiere igualar, pero no bajando impuestos locales, sino subiendo a las compras desde el exterior. 

La propuesta de Jisdonian: En sintonía con el gobierno.

X @pjisdonian

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, ha presentado un proyecto de ley para reducir de tres a una las compras anuales permitidas bajo el régimen de franquicias, manteniendo el límite de 200 dólares y 20 kilos sin impuestos. Jisdonian justifica esta medida como una forma de "defender el empleo" y "equilibrar la cancha" frente al impacto de Temu, que describe como "la zapatería y juguetería más grande de Uruguay" sin emplear a un solo uruguayo.

Jisdonian asume que el dinero gastado en plataformas como Temu se pierde para el comercio local y que, al limitar estas compras, los consumidores redirigirán automáticamente su gasto hacia los negocios uruguayos del mismo rubro. Esto no es cierto, los consumidores no siempre trasladan su gasto a productos locales cuando se restringen las importaciones; en muchos casos, simplemente consumen menos o buscan alternativas en el mercado informal, lo que genera pérdidas fiscales y problemas de seguridad. Por ejemplo, restricciones similares en otros países han fomentado el contrabando, debilitando la economía formal.  

Forzarlos a consumir en el mercado local no garantiza que los comercios uruguayos prosperen; al contrario, puede desincentivar el consumo y reducir la actividad económica general. Además, la idea de que Temu no genera beneficios económicos ignora que las plataformas de comercio electrónico dependen de servicios logísticos locales, como el correo uruguayo, que sí emplean trabajadores y generan ingresos fiscales indirectos. 

Contradicción ideológica: más cerca del Peronismo clásico, que del liberalismo

El Partido Nacional, que históricamente ha defendido principios liberales como la apertura comercial y la libertad de mercado, adopta con la propuesta de Jisdonian una postura proteccionista que recuerda al peronismo argentino. El peronismo, caracterizado por su intervencionismo estatal y su defensa de intereses sectoriales a expensas de los consumidores, ha promovido históricamente medidas similares, como restricciones a las importaciones o impuestos a las compras en el exterior. 

Que un partido de corriente liberal como el Partido Nacional adopte esta retórica es una contradicción ideológica que pone en evidencia lo que siempre decimos, el Partido Nacional ha perdido el rumbo, en búsqueda de resultados electorales que casi nunca obtiene, salvo el 2019. Claro que Jisdoian lo niega, edulcorando el discurso de que no restringe libertades, sino que busca equiparar. Por lo menos, quienes son intervencionistas lo admiten y lo justifican, los peores, son los que prenden el señalero para un lado, pero doblan para el otro, '"estoy a favor de la libertad pero.....", "bajar de tres a una compra esto no es una restricción...". 

La propuesta de Jisdonian contrasta con otras iniciativas dentro del propio Partido Nacional y de sus aliados, como la del Partido Colorado, que aboga por aumentar las franquicias a 500 dólares para facilitar el acceso a bienes no disponibles localmente. Esta discrepancia refleja una falta de coherencia ideológica y sugiere que el Partido Nacional está dispuesto a sacrificar sus principios liberales en favor de un proteccionismo populista para apaciguar a ciertos sectores del comercio. 

La falta de rumbo, las contradicciones entre los Blancos es una constante en los últimos tiempos. Mientras el líder del Partido, el ex-Presidente Lacalle Pou, grita libertad en los medios nacionales y extranjeros y causa admiración en Argentina, sus diputados promueven medidas proteccionistas, que como quienes en Argentina escuchan los discursos de Lacalle Pou pero no siguen el día a día de Uruguay, ignoran.   

Grietas políticas: cargos e interpelaciones, pero no libertades

X  @Parlamento_UY

La política uruguaya, conocida por su estabilidad institucional, no está exenta de tensiones. Las discusiones políticas suelen centrarse en disputas por cargos, interpelaciones a ministros y escándalos de corrupción, incluyendo casos de tráfico de influencias y abuso de funciones. 

Sin embargo, estas grietas no suelen traducirse en un consenso para restringir libertades individuales. La propuesta de Jisdonian y el "Impuesto Temu" es una muestra más que cuando se trata  de restringir libertades, aparece el juego en tandem de oficialismo y oposición de turno, solo cambiando de rol de Policía bueno y malo

La postura de Jisdoian sin embargo genera tensiones internas, ya que aún existe en el Partido Nacional, figuras como el Senador Javier García, que ha criticado el "Impuesto Temu" por violar promesas de campaña de no aumentar impuestos, argumentando que socava la confianza y las inversiones. Esto refuerza la idea de que la libertad individual sigue siendo un valor en el debate político uruguayo, y propuestas como la de Jisdonian enfrentan resistencia. Sin embargo, de ir a fondo con la propuesta, es posible que dentro del Partido Nacional y Colorado, se haga el juego de policía bueno y malo, sumado a que cualquier restricción podría tener apoyos en el Frente Amplio, no es muy complicado para que lleguen con los números en las Cámaras. 

Parece increíble, pero en este tema, el freno lo pueden poner los Frentistas molestos con estas medidas, ya que les afecta el bolsillo, al limitarles las compras en el exterior. Socialistas con la ajena, pero no con la propia. Si el clamor de los Frentistas se extiende, puede que el Gobierno detengan el avance por limitar compras web, porque las resistencias internas en los Blancos y Colorados, no alcanzarían para bloquear estas nefastas iniciativas.

Uruguay necesita una estrategia que fomente la competencia y la apertura, no el proteccionismo, para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y el crecimiento económico a largo plazo. Si dos competidores lo hacen en condiciones desiguales, donde uno tiene una mochila pesada y el otro no, una forma de igualar, es quitarle cosas de la mochila pesada al que la tiene, la otra, ponerle cosas en la mochila al que no la tiene, es la forma que proponen el gobierno y Jisdoian. Las consecuencias de esto, son malas. Las experiencias en el mundo están a la vista. 

Sanguinetti y el Uruguay del 0-0 que se perpetua

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Julio María Sanguinetti, Ex- Presidente del Uruguay en dos períodos (1985-1990 y 1995-2000), dejó una marca indeleble en la política uruguaya al instaurar una visión pragmática y conservadora que prioriza la estabilidad por encima de las transformaciones estructurales.

Su lema implícito, "el Uruguay es así y nunca va a cambiar" que le dijo alguna vez al Ex- Ministro de Economía Ignacio de Posadas (1), promovió la idea de que el país debe manejarse con cautela, evitando cambios disruptivos y apostando por el diálogo entre las élites políticas para mantener el equilibrio. Este enfoque, conocido como "cuidar el 0-0", se tradujo en una cultura política que privilegia el consenso y la moderación, pero que, según críticos, condena al país a un estancamiento estructural.

Esta mentalidad no solo definió los gobiernos de Sanguinetti, sino que se convirtió en un legado que ha permeado a todas las administraciones posteriores, independientemente de su color político, configurando un sistema donde las grandes reformas son vistas como innecesarias, imposibles o peligrosas, ya que romper algún equilibrio existente, puede llevar a escenarios de falta de gobernabilidad y por ende un caos.

El impacto de esta doctrina ha sido profundo, especialmente en un país que históricamente ha valorado su estabilidad democrática. Sin embargo, esta misma estabilidad ha sido utilizada como excusa para evitar abordar problemas estructurales como la desigualdad, la obsolescencia del sistema educativo o la falta de competitividad económica.

La insistencia en el diálogo como fin en sí mismo ha generado una parálisis política que dificulta la implementación de políticas ambiciosas, dejando al Uruguay atrapado en un ciclo de ajustes menores que no logran responder a las demandas de una sociedad en constante cambio. Esta inercia, es el principal obstáculo para que el país avance hacia un modelo más dinámico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Sanguinetti y el bloqueo a las iniciativas reformistas

En su momento hicimos una reseña de las reformas fallidas de Lacalle Herrera (2), en gran parte, debido a la obstaculizaciones que puso Sanguinetti desde el Partido Colorado, haciendo una suerte de "equilibrio" entre reformismo y conservadurismo, que le salió bien a él en el corto plazo, pero mal a su Partido en el mediano y largo plazo, ya que aumentó el poder de la izquierda.

Dentro del Partido Colorado, Sanguinetti ejerció un liderazgo que le permitió controlar las dinámicas internas y frenar cualquier intento de reforma significativa que surgiera desde sus propias filas. Su capacidad para consolidar poder no solo le dio un rol dominante dentro de su partido, sino que también le permitió influir en la agenda política nacional, particularmente en su relación con el Partido Nacional.

Al influir en la interna y los votantes de su partido, Sanguinetti limitó las posibilidades de que los blancos, aliados frecuentes de los colorados en el Parlamento, pudieran impulsar sus propias propuestas de cambio, perpetuando así un sistema político donde las reformas de fondo eran sistemáticamente postergadas.

Este control se tradujo en una política de contención que priorizaba la estabilidad sobre la innovación, afectando no solo a los colorados, sino al conjunto del sistema político uruguayo. La falta de apoyo a iniciativas audaces, ya fueran propias o de otros partidos, reforzó la percepción de que el cambio era innecesario o riesgoso, consolidando la hegemonía del "no se puede".

Este enfoque, aunque efectivo para mantener la cohesión interna del Partido Colorado, tuvo como costo la pérdida de oportunidades para modernizar instituciones, mejorar la eficiencia del Estado o abordar problemas estructurales que aún persisten en el Uruguay contemporáneo.

La crisis del 2002

Jorge Batlle, de ideología liberal y dada su participación en apoyo a las reformas frustradas de Lacalle Herrera, prometía ser un gobierno de cambios con un torbellino legislativo de reformas, que podían contar con apoyo de los Blancos.

Sin embargo el período anterior a la crisis, pasó sin nada de lo pensado y a partir del 2002, estuvo totalmente enfocado en la crisis económica que vivía el Uruguay.

La reforma del Estado: Promesas incumplidas de Vázquez y Mujica

La crisis del 2002 aceleró la llegada del Frente Amplio al poder. Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia en 2005, lo hizo con la promesa de una ambiciosa "reforma del Estado" que sería la base para transformar el Uruguay. Catalogada como la "madre de todas las reformas", esta iniciativa buscaba modernizar la administración pública, mejorar la eficiencia del Estado y sentar las bases para un desarrollo sostenible.

Sin embargo, las expectativas iniciales se desvanecieron rápidamente debido a la resistencia de sectores burocráticos, la falta de consenso político y la dificultad de implementar cambios estructurales en un sistema acostumbrado al inmovilismo.

Por su parte, José Mujica, durante su presidencia (2010-2015), intentó retomar esta agenda explorando modelos internacionales, como el de Nueva Zelanda, conocido por su exitosa reforma estatal en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, sus esfuerzos también quedaron en intentos parciales, con resultados marginales que no lograron transformar la estructura del Estado.

La imposibilidad de ambos gobiernos frenteamplistas para lograr adhesión interna para concretar estas reformas refleja las limitaciones de un sistema político profundamente arraigado en la cautela. Factores como los intereses corporativos, la resistencia al cambio dentro de la propia coalición de izquierda y la falta de una visión clara para implementar reformas estructurales contribuyeron a este fracaso.

Lacalle Pou y la Coalición: Promesas de cambio que no llegaron

La llegada de Luis Lacalle Pou al poder en 2020, tras tres períodos consecutivo del Frente Amplio, respaldado por la Coalición Multicolor, generó expectativas de cambio. Con una mayoría parlamentaria cómoda sumando los partidos de la Coalición y un discurso renovador de cada uno de sus partidos, el gobierno prometió abordar problemas estructurales en áreas como la seguridad, la educación y la economía.

Sin embargo, estas promesas se diluyeron en una gestión que, salvo por la respuesta a la pandemia de COVID-19, no logró concretar transformaciones significativas. La Ley de Urgente Consideración (LUC), presentada como el pilar legislativo del gobierno, abordó temas clave, pero su alcance fue considerado tibio por quienes esperaban un cambio de rumbo más audaz. El período, uno de los más intrascendentes de la historia reciente a no ser por el COVID, no capitalizó el potencial de la coalición para impulsar una agenda reformista.

Las razones de esta percepción de estancamiento son múltiples. La diversidad ideológica dentro de la Coalición Multicolor dificultó la construcción de consensos para medidas más ambiciosas, mientras que la oposición y los sectores sociales, incluidos los sindicatos, ejercieron una fuerte resistencia a los cambios propuestos.

Además, la gestión de la pandemia monopolizó gran parte de la atención del gobierno, desviando recursos y energías de otras prioridades. Como resultado, el gobierno de Lacalle Pou, pese a su potencial inicial, no logró romper con la inercia heredada, consolidando la idea de que incluso con condiciones favorables, el sistema político uruguayo tiende a perpetuar el statu quo. El regreso al Frente Amplio al poder en el 2025

El cuarto período del Frente Amplio, iniciado en 2025, marca un punto de inflexión en la trayectoria de la coalición de izquierda. Lejos del espíritu transformador que caracterizó su llegada al poder en 2005, el FA actual parece haber adoptado plenamente la filosofía sanguinettista del "no se puede hacer nada".

Sus ministros de este gobierno reflejan una postura resignada, enfocada en gestionar lo existente en lugar de proponer cambios estructurales. Esta actitud contrasta radicalmente con el discurso inicial del FA, que prometía "mover los árboles" y transformar el Uruguay en una nación más equitativa y moderna.

Esta evolución puede explicarse por varios factores. El desgaste de gobernar durante múltiples períodos, combinado con un contexto de polarización política y restricciones económicas globales, ha llevado al FA a priorizar la estabilidad sobre la ambición reformista. Además, la falta de liderazgos renovadores dentro de la coalición y la presión de mantener el apoyo de su base electoral han contribuido a esta postura conservadora.

El resultado es un gobierno que, lejos de desafiar el statu quo, parece haberlo abrazado, consolidando la percepción de un Uruguay atrapado en la inercia del "no se puede" y alejado de las promesas de cambio que alguna vez lo definieron.

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Biblioteca Nacional cerrada: Una necesidad de cambio de paradigma

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La Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), fundada el 26 de mayo de 1816, desde su primera sede en la actual Plaza Zabala es la biblioteca pública más antigua y relevante del país, constituyendo un pilar fundamental en la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de la nación. 

Su creación se remonta a un contexto de lucha por la independencia, cuando el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga propuso al Cabildo de Montevideo la necesidad de establecer una biblioteca pública para suplir la carencia de maestros e instituciones educativas, promoviendo el acceso al conocimiento para los jóvenes y la ciudadanía en general. 

Esta iniciativa fue respaldada por José Gervasio Artigas, quien, desde el Campamento de Purificación, dio su aprobación el 12 de agosto de 1815, destacando que una biblioteca pública contribuiría a la “pública felicidad” y al ideal de que “los orientales sean tan ilustrados como valientes”.

 A lo largo de su historia, la BNU ha evolucionado para convertirse en una institución clave bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y su actual edificio en la avenida 18 de Julio fue inaugurada oficialmente en 1964, donde alberga más de 900.000 volúmenes, incluyendo incunables, libros raros, manuscritos, mapas, grabados y material audiovisual, con secciones especializadas como la Sala Uruguay y la Sala de Materiales Especiales. 

Cierre de la Biblioteca Nacional: Un Incumplimiento del Rol del Estado

El 26 de mayo de 2025, coincidiendo con el Día Nacional del Libro y el 209º aniversario de la BNU, las autoridades del MEC anunciaron el cierre indefinido de la institución al público, justificándolo en una “crisis estructural” que incluye problemas edilicios, falta de personal, crisis de conservación y una supuesta “crisis de sentido”. 

Esta decisión ha generado una profunda controversia, evidenciando un incumplimiento grave del rol del Estado como garante del acceso a la cultura y el conocimiento, principios fundacionales de la biblioteca.

La BNU no es solo un repositorio de libros, sino un símbolo de la identidad cultural uruguaya y un espacio de democratización del saber. Su cierre, aunque parcial (pues se permitirá el acceso limitado a investigadores bajo agenda), refleja una desatención histórica a la infraestructura cultural y una falta de políticas sostenidas para su mantenimiento. 

Según la directora Rocío Schiappapietra, el edificio, de casi un siglo de antigüedad, enfrenta problemas graves como hundimientos, fallas sanitarias y falta de protocolos de seguridad contra incendios. Además, se reporta una crisis de personal debido a la falta de relevo generacional y la desaparición de áreas de trabajo, agravada por recortes presupuestarios en el MEC.

Las críticas en redes sociales, como las expresadas por usuarios en X, reflejan el desconcierto y la indignación de la ciudadanía. Algunos señalan que el cierre es consecuencia de una “pésima gestión” y una “falta de interés” del sistema político, cuestionando la imagen de Uruguay como el “país más culto de América”. 

Como usuario de la BN, doy fé de las limitantes que han puesto para el acceso de usuarios, dada la dificultad de organización del material disponible y el escaso personal disponible, se limitó el acceso de usuarios  como ser agendas previas con cupos, hasta la entrega de material de manera limitada por colocación, limitación de horarios, etc.  

Un ejemplo de ello, es que si el primer cupo disponible era a las 12 y el horario límite para pedir material era a las 14 y la entrega era de solo tres materiales por colocación, cualquier persona que precise usar cada colocación por poco tiempo y rotarla, que llevaba a 20 o 30 minutos de espera entre colocaciones, esa persona tenía enormes limitantes de tiempo. 

Algunas voces atribuyen a la crisis a recortes presupuestarios que han debilitado al MEC, dejando a la biblioteca vulnerable a problemas como la presencia de roedores que dañan el patrimonio y no faltan los reproches de los militantes o fanáticos de partidos políticos, echar culpas de una administración a la otra. 

Estas voces ciudadanas subrayan que el cierre no solo priva a los uruguayos de un espacio de lectura, sino que simboliza un retroceso en el compromiso del Estado con la educación y la cultura pero fundamentalmente lleva a un debate: El rol del Estado.

La Necesidad de Digitalización y el Rol del Aporte Privado

En la era moderna, la digitalización de materiales patrimoniales es esencial para democratizar el acceso al conocimiento y preservar colecciones frágiles. 

La BNU ha iniciado proyectos como la digitalización de prensa del siglo XIX y XX, coordinada con intendencias y bibliotecas públicas, pero el proceso depende casi exclusivamente de fondos estatales, lo que limita su alcance y velocidad. 

La digitalización no solo protege documentos al reducir su manipulación física, sino que también permite su consulta global, fomentando la investigación y la difusión cultural.

Promover aportes privados económicos puede aliviar esta carga y acelerar los proyectos de digitalización. A diferencia de las donaciones de materiales, los fondos monetarios ofrecen flexibilidad para adquirir tecnología, capacitar personal y desarrollar plataformas digitales accesibles. 

En resumen, la Biblioteca Nacional de Uruguay, con más de dos siglos de historia, es un pilar del patrimonio cultural del país, pero enfrenta el reto de modernizarse para preservar y difundir su acervo. La digitalización es una necesidad urgente en la era moderna, y los aportes privados económicos pueden desempeñar un rol crucial, como lo demuestran experiencias en Estados Unidos, México y Francia. 

Fomentar la colaboración con el sector privado no solo aliviaría la presión sobre los recursos estatales, sino que también garantizaría que el rico legado de la BNU sea accesible para las generaciones futuras, tanto en Uruguay como en el mundo.

El Fracaso Cultural del Partido Nacional y Colorado en el Siglo XXI

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El domingo 11 de Mayo se desarrollaron las elecciones departamentales y todos tienen motivos para festejar y también preocuparse.

Por el lado del Frente Amplio, otro triunfo en Montevideo y Canelones, mientras que el Partido Nacional, haber mantenido los bastiones en el interior y la CORE en conjunto, haber ganado Salto y perder por menos que otras veces en Montevideo. 

Que los Blancos y Colorados, festejen perder poco en Montevideo y ganar Intendencias de Departamentos de menos población, traducido en términos futboleros, es como que Peñarol y Nacional, festejen ganar la Copa Uruguay, mientras Liverpool gana los Campeonatos Uruguayos. 

Habiendo cerrado el quinto ciclo electoral de este siglo, es decir, elecciones nacionales y departamentales, y teniendo en cuenta factores como la importancia y la cantidad de habitantes, el ranking de importancia es: 

1) Elección nacional, 2) Elección departamental en Montevideo, 3) Elección departamental en Canelones.

De los últimos 5 ciclos electorales, tomando 3 por cada ciclo, tenemos que el Frente Amplio ganó 14 de las 15 elecciones más importantes. 

Sí, ha perdido mucho en el interior, pero en Uruguay las elecciones nacionales se disputan en un distrito único; no es un colegio electoral como en Estados Unidos ni hay elecciones provincias como en Argentina, por lo que el Frente Amplio sigue dominando electoralmente donde se concentra la mayor cantidad de gente.

Si bien, elección tras elección, el FA tiende a perder cierto caudal de votos, esto no alcanza para dar vuelta las elecciones y, salvo en 2019, cuando Cabildo Abierto captó una parte y en la segunda vuelta Lacalle Pou absorbió esos votos, la sangría de votos del Frente Amplio es poca y se derrama en votos en blanco, anulados o a partidos chicos que son tan o más de izquierda que el FA, por lo que en la segunda vuelta, prefieren al candidato del FA; donde no van es al Partido Nacional y Colorado.

Razones del fracaso electoral del Partido Nacional y Colorado

En el Uruguay del siglo XXI, los partidos tradicionales, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), han enfrentado un declive electoral significativo frente al ascenso del Frente Amplio (FA), una coalición de izquierda que gobernó entre 2005 y 2020 y recuperó el poder en 2024. 

Desde mi punto de vista, este fracaso no se explica únicamente por factores coyunturales, como crisis económicas o escándalos de corrupción, sino por una incapacidad estructural para articular una batalla de ideas coherente y atractiva, combinada con un acercamiento táctico a la agenda de izquierda que diluyó sus identidades ideológicas y alienó a sus bases. 

A esto se suma el "psicopateo" constante de la izquierda, que ha logrado presionar a los sectores de centro para que adopten posturas tibias, debilitando aún más la posición de los partidos tradicionales, dejándolos en un no-lugar. 

Antes de la elección departamental, Martín Lema, el candidato por el Partido Nacional para Montevideo, dijo que la elección no se basa en ideologías sino en gestión. Esto es un error para mí en el orden, para gestionar, primero hay que ganar las elecciones y lo ideológico, da un marco y una base para la militancia y le da sostén las ideas, para tener firmeza para convencer a los indecisos que suelen definir la elección. Pero si vos no tenes ideología, no tienes convicciones y ofreces "gestionar bien" como suelen hacer los candidatos del PN y PC, nadie va a comprar algo que no está viendo en el momento. 

El declive electoral de los partidos tradicionales en un panorama histórico

El Partido Colorado, que dominó la política uruguaya durante gran parte del siglo XX, sufrió un colapso electoral en 2004, obteniendo solo el 10,50 % de los votos, su peor resultado histórico. Aunque recuperó algo de terreno en elecciones posteriores, nunca volvió a superar el 20 % en los comicios del siglo XXI (2009, 2014, 2019, 2024).

El Partido Nacional, por su parte, mantuvo una base electoral más sólida entre el 25% a 30%, ganando o perdiendo, pero su liderazgo en la Coalición Multicolor (2019-2024) no logró consolidar un proyecto de largo plazo, perdiendo las elecciones de 2024 frente al FA. 

Este retroceso contrasta con la hegemonía de ambos partidos en el siglo XX, cuando representaban los intereses de amplios sectores urbanos (PC) y rurales (PN), estructurando un bipartidismo que parecía inquebrantable.

El ascenso del FA, que capturó el poder en 2004 tras décadas de crecimiento electoral, marcó un cambio en el sistema de partidos uruguayo. Desde 1971, el FA atrajo a sectores urbanos y progresistas, incluyendo antiguos votantes colorados "batllistas" que veían en la izquierda una continuación de las políticas de justicia social impulsadas por José Batlle y Ordóñez. 

Este desplazamiento electoral, especialmente notable en Montevideo y Canelones, evidenció una crisis de identidad en los partidos tradicionales, que no supieron contrarrestar la narrativa de la izquierda.

La ausencia de una batalla de ideas por parte de los partidos tradicionales

Más allá de factores coyunturales como una crisis, escándalos de corrupción o un mal candidato, el fracaso del PN y el PC radica además en su incapacidad para ofrecer una alternativa ideológica clara basada en los principios de libertad individual, mercado libre, propiedad privada y un Estado limitado y eficiente.

En lugar de articular un proyecto que promoviera estas ideas, ambos partidos optaron por estrategias pragmáticas y oportunistas, adaptándose a la agenda progresista del FA para capturar votantes de centro. Esta táctica, lejos de fortalecerlos, erosionó su credibilidad y permitió al FA consolidarse como el referente de las demandas sociales.

El Partido Colorado, históricamente asociado al batllismo –una mezcla de liberalismo económico y políticas sociales progresistas–, abandonó gradualmente su legado liberal en favor de posturas conservadoras o ambiguas.

Durante las presidencias de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), los gobiernos del PC implementaron ajustes que, aunque alineados con el liberalismo económico, carecieron de un relato político que los legitimara ante la población. La crisis económica de 2002, que golpeó duramente a las clases medias y bajas, reforzó la percepción de que el PC estaba desconectado de las necesidades populares, abriendo espacio para el discurso redistributivo del FA. Incluso hubo contradicciones dentro de los líderes del partido, que lejos de "atraer alas de ambos lados" erosionó la credibilidad y la posibilidad de dirigir un programa consistente que diese resultados. 

Jorge Batlle apuntaba a una economía más libre mientras que Sanguinetti a un equilibrio entre esto y una economía dirigista. El resultado fue algo inocuo que no llevó a ningún lado o mejor dicho, al peor de los mundos, la crisis del 2002, que tuvo un alto costo político al Partido Colorado. 

El Partido Nacional, por su parte, mantuvo una base electoral más diversa, pero su liderazgo en la Coalición Multicolor (2019-2024) priorizó la gestión tecnocrática sobre la construcción de una narrativa. Sirve para retener Intendencias, pero no para marcar una agenda a nivel país.

Aunque el gobierno de coalición impulsó reformas como la Ley de Urgente Consideración (LUC), que incluía medidas de seguridad y liberalización económica, no logró comunicar estas políticas como parte de una visión integral de libertad y prosperidad. En cambio, el gobierno se vio atrapado en debates reactivos provocados por el FA y las inconsistencias internas de la CORE, con sectores ideológicamente más cercanos a la izquierda y la falta de convicción por parte de los actores de gobierno para sostener en el debate las medidas. 

En definitiva, el gobierno en su afán por capturar el centro, adoptaron elementos de la agenda progresista mezclada con pinceladas de apertura de mercado. El resultado fue insuficiente, las reformas dieron tímidos resultados imperceptibles y ningún progresista se vió reflejado en las pinceladas progresistas del gobierno de Lacalle, porque ya tenían en el FA su mejor gestor. El resultado se vió en las urnas, no convenció a extraños e irritó a propios.

El psicopateo de la izquierda y la captura del centro

El psicopateo es una práctica psicológica que busca manipular, intimidar o desestabilizar emocionalmente a otra persona mediante comportamientos fríos, calculadores o crueles, a menudo asociados a rasgos psicopáticos como falta de empatía o remordimiento

Un factor clave en el declive de los partidos tradicionales es lo que puede describirse como el "psicopateo" de la izquierda: una estrategia discursiva que presiona a los sectores de centro para que adopten posturas progresistas bajo la amenaza de ser etiquetados como retrógrados, elitistas o antidemocráticos. El FA, con su narrativa de justicia social, inclusión y derechos humanos, ha dominado el debate público, estableciendo los términos en los que se discuten temas como la desigualdad, el género o el medioambiente.

Esta presión ha sido particularmente efectiva en Uruguay, donde la cultura política valora el consenso y la moderación. Los partidos tradicionales, temerosos de ser percibidos como insensibles o fuera de época, han cedido terreno en temas como la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana o las políticas de identidad, sin ofrecer una crítica liberal que defienda la autonomía individual frente a la intervención estatal.

Por ejemplo, en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal (2011-2012), el PC y el PN apoyaron mayoritariamente la medida (84 % y 73 % de sus votantes, respectivamente, según encuestas de Cifra e Interconsult), pero no lograron articularla como parte de un discurso coherente sobre seguridad y responsabilidad individual, permitiendo que el FA dominara la narrativa con un enfoque más garantista, pese a que el reclamo de la sociedad en ese momento, era de más mano dura, el FA logró que no se refleje en las urnas. Ganó una vez la narrativa, esa donde el PN y PC pierden hace mucho.

El "psicopateo" también se manifiesta en la capacidad del FA para capitalizar el descontento social. Como señala Verónica Pérez, politóloga de la Universidad de la República, la izquierda logró reconquistar en 2024 a jóvenes de clases bajas que, desencantados con la Coalición Multicolor, volvieron a verla como la defensora de sus intereses materiales. Este regreso se logró mediante una campaña cara a cara y un discurso que explotaba los escándalos del gobierno de Luis Lacalle Pou, presentando al FA como el baluarte de la "honestidad".

Mientras los números del gobierno de Lacalle Pou, si bien no eran sobresalientes, establecían una cierta estabilidad pese a la pandemia. Hubo una caída del salario real y un aumento de la pobreza entre 2020 y 2022, pero esto ocurrió en todo el mundo debido a las restricciones por la pandemia; y si los números no fueron peores, fue porque Lacalle Pou no hizo caso a las sugerencias de cuarentena obligatoria y más restricciones que pedía el FA. 

Los resultados habrían sido peores, como pasó en Argentina y en todos los países que optaron por cuarentenas estrictas. Sin embargo, la narrativa del Frente Amplio se basó en esos malos números y en atribuir al gobierno una falta de sensibilidad y mala voluntad hacia "los más vulnerables". A la salida de la pandemia, Uruguay pudo recuperar los niveles de 2019. Mediocres, sí, pero los mismos que habían sin pandemia. El gobierno de Lacalle Pou se enredó en escándalos y jamás disputó esa narrativa, lo que terminó facilitando el regreso del FA al poder.

En resumen, el fracaso electoral del Partido Nacional y Colorado en el siglo XXI refleja su incapacidad para liderar una batalla de ideas, su acercamiento táctico a la agenda de izquierda y su vulnerabilidad al "psicopateo" del FA. Para recuperar relevancia, ambos partidos deben articular un proyecto que defienda la libertad individual y el mercado como motores de progreso para los sectores vulnerables, sin temor a desafiar el consenso progresista, pero de manera convencida y no tibia o ambigua, "creo en la Libertad pero ....".

Solo así podrán reconstruir su identidad y ofrecer una alternativa creíble al electorado uruguayo, que sigue buscando respuestas al descontento generalizado con la política uruguaya, porque cada elección, lejos de generar entusiasmo, genera tristeza; y el domingo fue una muestra: todos estaban mediocremente contentos por algo, pero sin euforia.

El Gobierno de Lacalle Pou y el Uruguay del 0-0

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Ignacio de Posadas, Ministro de Economía de 1992 a 1995 durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, en referencia al aumento del gasto público que promovía en aquel momento el Dr. Julio María Sanguinetti, contó en una entrevista que fue a conversar con él para, de alguna forma, detenerlo, ya que se buscaba un orden fiscal para poder bajar la alta inflación. La respuesta del Dr. Sanguinetti fue: "Solo inmaduros como Lacalle y Batlle quieren cambiar el Uruguay, el Uruguay fue, es y será así". Este período del gobierno de Lacalle Pou podemos decir que fue un fiel reflejo del "Uruguay que es, fue y será así" (1) y una expresión más del país del empate que tanto halaga el Dr. Sanguinetti. Cuando dentro de muchos años se escriban libros de historia sobre Uruguay, solo quedará en las páginas por haber sido quien estaba en el poder durante la pandemia, no por reformas ni hechos significativos históricos.

Para analizar las reformas implementadas y las que podrían haberse realizado pero no lo fueron, es crucial considerar el contexto político y económico de Uruguay durante su mandato, así como las expectativas generadas durante su campaña electoral.

Reformas Económicas y Fiscales:  Lacalle Pou asumió con la promesa de reducir el tamaño del Estado y promover un enfoque más liberal en la economía. Sin embargo, no se logró una reducción significativa del gasto público ni una disminución notable de la deuda pública. La deuda bruta como porcentaje del PIB aumentó del 60 al 70% del 2019 al 2024 (2) , lo que sugiere que las reformas fiscales no se implementaron de manera efectiva o suficiente.

Impuestos y Libre Mercado: Había expectativas de reformas que redujeran la carga impositiva y promovieran el libre mercado. Sin embargo, no se avanzó lo suficiente en estas áreas, lo cual ha generado descontento entre los empresarios que esperaban un ambiente más favorable para los negocios.

Políticas de Seguridad Pública: Este es un aspecto fundamental para que pierda el Frente Amplio en el 2019. Aunque se hicieron intentos para endurecer el código penal y se introdujeron medidas para combatir el crimen, como la reforma de seguridad en la Ley de Urgente Consideración (LUC), los resultados en términos de reducción de delitos no fueron los esperados. Hubo críticas sobre la falta de enfoque en las raíces del crimen y en la efectividad de las políticas punitivas.

Reformas Educativas: La reforma educativa de Lacalle Pou fue una piedra angular de su mandato, pero enfrentó una resistencia significativa por parte de los gremios docentes. A pesar de haber sido aprobada, la implementación ha sido polémica y no se logró un consenso amplio sobre los cambios propuestos, lo que podría ser visto como una reforma incompleta.

Reformas Laborales y Sociales: La LUC introdujo algunas reformas laborales, pero estas fueron limitadas y no todas las medidas propuestas durante la campaña se implementaron. Hubo un intento de limitar el derecho a huelga y flexibilizar las relaciones laborales, pero estos cambios enfrentaron oposición y no fueron tan profundos como algunos esperaban.  De todas formas,  casos como Yazaki, muestran que no hubo cambios significativos.

Seguridad Social: Aunque se logró una reforma en la seguridad social, hubo críticas y plebiscitos en contra que indicaban una falta de consenso sobre su efectividad y equidad. El plebiscito impulsado por el PIT-CNT contra la reforma jubilatoria, aunque no alcanzó el mínimo requerido para modificarla, fue un indicador de la resistencia que estas reformas encontraron. 

El mandato de Lacalle Pou entonces se caracterizó por intentos de reforma en diversas áreas, pero la implementación de estas reformas enfrentó numerosos obstáculos, desde la resistencia de los sindicatos hasta desafíos políticos y económicos derivados de la pandemia de COVID-19 y otros factores externos. Si bien se avanzó en algunos aspectos, no se logró la transformación profunda que algunos sectores esperaban, especialmente en lo que respecta a una reducción del Estado, reformas de libre mercado y cambios estructurales en la educación y seguridad y todo fue muy cercano a como lo presumíamos en el 2019 (3).

De todas estas reformas abordadas tímidamente, me centro por un momento en el tema de la seguridad que fue el caballito de batalla de las campañas de Blancos y de los Colorados desde 2009 dada la creciente inseguridad en los gobiernos del Frente Amplio. Innumerables interpelaciones al Ministro Bonomi y críticas constantes no dieron resultado electoral hasta el 2019, cuando en el último periodo de Tabaré Vázquez la inseguridad parecía haber tocado fondo, sumado al declive económico, lo que llevó a que un determinado porcentaje de votos del Frente Amplio se mudaran a Lacalle Pou del 2014 al 2019, lo que permitió ganar por poco margen en el ballotage. Si miramos los votos que obtuvo la Coalición Multicolor sumada en Primera Vuelta del 2019, obtuvo una mayoría parlamentaria cómoda y, dada la particularidad del sistema electoral uruguayo, la Cámara de Representantes se vota en Primera Vuelta y dura 5 años, sin elecciones intermedias como en Argentina donde el Poder Legislativo y Ejecutivo están desfasados en cuanto a la mayorías que vota la gente en el tiempo. En Uruguay, el periodo de representación  de mayorías en cuanto a lo Legislativo y Ejecutivo es el mismo y, por ende, sumando las bancas aliadas, Lacalle dispuso de la posibilidad de tener mayorías parlamentarias, oportunidad que aprovechó únicamente para la LUC, Ley de Urgente Consideración, pese a que tuvo que hacerle recortes para satisfacer a aliados como con el tema de la des-monopolización de Ancap. 

Defensas que hacen de la gestión de Lacalle Pou:

La Pandemia: Se defiende la gestión del gobierno en cuanto a la Pandemia, buscando vulnerar lo menos posible las libertades individuales, bajo la premisa de "libertad responsable" , no decretando la cuarentena obligatoria como pedía el Frente Amplio y como hicieron muchos países y que la ayuda social que se tuvo que hacer para sectores afectados por la recesión derivada de las restricciones en la pandemia de COVID-19 afectó profundamente la economía y los objetivos fiscales del gobierno.

La Sequía: La sequía prolongada tuvo un impacto negativo en la agricultura y otros sectores económicos.

Uruguay no es Argentina: Se enfatiza que Uruguay tiene sus propias dinámicas y no debe ser comparado directamente con la situación de Argentina.

Coalición Divergente: No toda la coalición apoyó las políticas del gobierno, lo cual dificultó la implementación de reformas. 

Excusas Varias: Justificaciones adicionales para explicar las dificultades del gobierno.

Si es cierto que la pandemia retrasó objetivos fiscales, bajas de impuestos, des-regulaciones pedidas por sus votantes y terminó de anular todo esto. Para mí, no es justificativo, sino muy por el contrario, fue un momento donde el Presidente Lacalle Pou tuvo su momento de mayor aprobación y donde cuestionarlo no daba réditos. Pero Lacalle Pou no aprovechó ese momento para seguir adelante, no pudo o directamente no quería, porque quería tener un mandato tranquilo o porque está convencido de la premisa nefasta sanguinettista de "el Uruguay fue, es y será así" y prefirió mantener el statu quo y jugó' a la uruguaya, al empate. En parte lo logró para él, aunque no para sucesor, que perdió "en los penales" en Noviembre  2024, haciendo analogías futboleras para graficar la situación.

La cuestión es que dejó pasar el momento y el Frente Amplio tomó la ofensiva desde el 2021 hasta el fin de su mandato, aun cuando no consiguieron derogar la LUC ni hacer la reforma jubilatoria; el Frente Amplio dominó la discusión pública, estigmatizó al gobierno como suele hacer la izquierda, aprovechó las malas consecuencias de la pandemia (sin tener en cuenta que pudieron ser peores si se aplicaba todo lo que pedía el Frente Amplio, que básicamente sí hizo Alberto Fernández en Argentina).

El gobierno no dominó la agenda pública, más bien fue motivo por escándalos de distinta índole y el Frente Amplio aprovechó para sacar su beneficio y volver al poder, sumado a la falta de carisma del candidato oficialista Álvaro Delgado y cuestionamientos internos a la candidata a Vice, Valeria Ripoll, dada su ideología de izquierda y cómo fue elegida. El hecho de que un partido decida poner a una candidata que abiertamente profesa las ideas del rival, solo que se fue por discrepancias, pero que hasta hace un rato defendía todas y cada una de las premisas del Frente Amplio, que se opuso abiertamente a la LUC, nadie cambia mágicamente de pensar de un momento a otro. 

Todo esto, que muchos justifican como "estrategia electoral" (me pregunto, ¿Dónde están los resultados?), no marca otra cosa que la gran derrota cultural de Blancos y Colorados... y el que pierde la cultura, pierde la mayoría de las elecciones, salvo imponderables como el 2019. De las últimas 5 elecciones nacionales, el Frente Amplio ganó 4, siendo el partido más votado de manera consecutiva en las 6 últimas primeras vueltas de octubre (desde 1999), cuando los partidos compiten por separado. Si contamos desde el 2000, las Elecciones Nacionales y las dos Municipales más importantes, Montevideo y Canelones, el Frente Amplio ganó 11/13 y el número muy probablemente va a ser 13/15 en Mayo del 2025. Solo no ganó en Canelones en el 2000 y la Elección Nacional en el 2019.

Ante todo esto, la estrategia de Blancos y Colorados es cada vez profundizar más el acercamiento a las ideas del Frente Amplio, bajo la premisa de que si ganan haciendo eso, entonces "no hay que ir a la derecha, sino al centro". Pese a que en el mundo, las opciones electorales que más se radicalizan contra la izquierda obtienen mejores resultados que las centristas, los blancos y colorados están convencidos de que Uruguay es ajeno a lo que pasa a 60 minutos de barco en un país con características sociales parecidas a las nuestras "porque somos políticamente distintos". 

Pues si, somos distintos y le conviene que siga así al Frente Amplio porque el modelo uruguayo lo domina claramente hace 25 años. El que pierde seguido, más que tratar de adaptarse al modelo donde no le encuentra la vuelta, tal vez debería trabajar mas para tratar de cambiarlo, pero por ahora, ni se lo plantean. 

La fallida Ley 16211 de Empresas Públicas, el ultimo tren a un Uruguay liberal

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Uruguay es un país con una fuerte cultura estatista sin dudas. Ya en 1969, Henry Hazlit, hablaba del Estado Uruguayo enloquecido, proceso que se ha incrementado y que hemos analizado en otras ocasiones (Parte 1 y 2 ), en donde que cada intento en otra dirección fue rápidamente bloqueado, siendo el ultimo de ellos en el periodo 1990-1995, con el Dr. Luis Alberto Lacalle como Presidente. 

Si bien el Dr. Jorge Batlle, Presidente en el periodo 2000-2005 era de ideología liberal, su gobierno heredó un déficit originado por su antecesor Julio María Sanguinetti, su gobierno tuvo que enfrentar las turbulencias de una crisis económica grande, por lo que no tuvo espacio ni agenda política, para tratar temas referentes al rol del Estado, como si pasó en el periodo 1990-1995, ayudado también por un contexto regional hacia privatizaciones y desregulaciones con el fin de bajar el peso del Estado en economías que venían aplastadas. Sin embargo, los procesos no terminaron derivando en un cambio de rumbo mas allá de un par de periodos de Carlos Menem en Argentina donde si bien se redujo el rol del Estado, no se hizo lo mismo con el déficit fiscal alto, siendo clave para crisis posteriores como la del 2001 en Argentina.

En Uruguay, el proceso privatizador y desregulador impulsado por el gobierno del Dr. Lacalle ni siquiera se puede decir que llegó a arrancar. Si pudo reducir el déficit fiscal y bajar la inflación heredada de Sanguinetti del 120 a 30% anual pero las reformas más avanzadas fueron rápidamente bloqueadas, a partir del cual se inició un proceso inverso hasta nuestros días.

La discusión sobre las empresas públicas, es algo que estuvo en el tapete en la década de los 80's y 90's. En 1987 por ejemplo, el Dr. Jorge Batlle advertía de la inviabilidad de PLUNA por ejemplo, empresa que siguió funcionando hasta el 2012, costando millones de dólares al pueblo uruguayo, engañado en la idea de que la Aerolínea daba soberanía y que abrir cielos iba a hacer perder conectividad al Uruguay. Nada de ello ocurrió cuando el Presidente José Mujica, forzado por las circunstancias de déficit insostenible, declaró cielos abiertos, en lo que fue una medida acertada. Uruguay no solo que no perdió conectividad, sino que ha ido incorporando conectividad directa  sin necesidad de pasar por Brasil o Argentina con algunas ciudades del mundo donde son constantes los viajes de y hacia Uruguay, que PLUNA no hacía directamente.

 

ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LA LEY 16211

La Ley de Empresas Públicas N° 16.211 en Uruguay (texto completo) , aprobada durante la administración de Luis Alberto Lacalle en 1991, que fue un intento significativo para promover la privatización y desmonopolización de empresas públicas. 

A partir de la aprobación en ambas cámaras con el voto a favor de la mayoría de los legisladores Blancos y Colorados y en contra del Frente Amplio,  promulgada la misma el 2 de Octubre 1991 , las resistencias  fueron significativas, creándose en Diciembre de 1991 la llamada Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, integrada por el Frente Amplio, sindicatos y algún sector del Foro Batllista,  con el fin de recolectar firmas, para impulsar un Referéndum para la derogación de la Ley.

MOVIMIENTOS PARA DEROGAR LA LEY 

Los defensores de la derogación, debían juntar el 5% de las firmas del padrón habilitado (2.359.291 personas), para a través de una consulta, llegar al 25% (589.823 votos afirmativos), para pasar a la ultima instancia de Referéndum, donde debía llegar al 50% mas 1 de los votos para poder derogar la Ley. 

Si bien se llegó al 5% de las firmas requeridas, en la primera instancia del 05-07-1992, no se alcanzó al 25% de votos requeridos, habiendo llegado a 489.067 votos afirmativos, o sea, un 20.50 % de los habilitados. 

La Ley habilitaba una segunda  y última instancia de consulta donde de no lograrse el 25% de votos favorables, la Ley quedaba defiitivamente El 01-10-1992 el SI (por la derogación ) llegó a 738.405 voluntades, o sea, un 29.60% de los habilitados, pasando en un 4.50% el mínimo requerido, habilitando a llegar a la última y definitiva instancia obligatoria de voto, donde debía llegar al 50% mas 1 de los votos para derogarse la ley. 

Cabe aclarar, que la derogación propuesta no era total, sino en los puntos donde había mas acuerdo entre los que la impulsaban del Frente Amplio y las partes de los partidos que apoyaban (Artículos 1, 2, 3, 10 y 32 ), de modo de asegurar la mayor cantidad de votos posibles, ya que eran los artículos donde hubo más votos negativos cuando se aprobó en el Parlamento. 

DEFENSA DE LA LEY

Si bien la aprobación de la Ley tuvo mayorías parlamentarias, pocos fueron los que la defendieron en la carrera contra la derogación propuesta.

Obviamente que desde el sector Herrerista, a través del impulsor, el Presidente Lacalle, se dieron los argumentos a favor de la Ley. La documentación y las palabras fueron extensas, pero extraemos un resumen de las mismas:

“No me cabe duda de que se trata – y así lo consignaron todos los sectores políticos representados en el gabinete nacional – de la sesión del Consejo de Ministros más importante del periodo de gobierno (…). El Uruguay se incorpora a las transformaciones que en todo el mundo marcan los tiempos modernos. Se inicia un proceso de cambio verdadero, hondo, que va a transformar la calidad de vida de los ciudadanos a los que invito a partir de ahora a participar de las discusiones sobre el tema, ingresando a él sin preconceptos. Ahora sí podemos afirmar que en el país comienzan a producirse cambios de importancia (…). Todos los sectores que integran la coincidencia nacional y que están en el gabinete, han dado su apoyo expreso y el apoyo de sus grupos políticos a las grandes líneas de este proyecto. Es un compromiso asumido libre, patriótica y entusiastamente por los principales dirigentes del Partido Colorado, los doctores Sanguinetti, Batlle y Pacheco Areco, en las conversaciones previas a la formación del gobierno y dentro del Partido Nacional por todos los sectores que están integrados dentro del gabinete”

"Tenemos que marcar una raya, tenemos que marcar dos posiciones; el país del más o menos, el país de la que te criastes, el país de, bueno, todo se va a arreglar, frente al país que está dispuesto a asumir las grandes transformaciones realmente revolucionarias que tienen que hacer para no quedarse en un mundo que cambia todos los días”.

"Asumir la carga del cambio, porque si estamos todos hartos de que las cosas no cambien, vamos a animarnos a cambiarlas entre todos, a romper los tabúes de 60 ó 70 años, los monopolios que enferman la economía. ¡Que se termine el monopolio del Banco de Seguros para que los seguros sean más baratos! (…) Que se termine con el monopolio de alcoholes que impide a las agroindustrias primarias la elaboración del alcohol, que se enajenen aquellos entes autónomos que están mejor en manos privadas. Vamos a decir claramente que ‘El Espinillar’ tendrá que pasar a manos privadas, tendrá que privatizarse Pluna, Antel, tendremos que librar al Estado de las cosas que hace mal."

También Jorge Batlle (video), casi en solitario en el Partido Colorado con Jorge Pacheco, argumentaba en favor de la Ley, en coherencia con su ideología. Si bien Jorge Batlle fue el candidato más votado dentro del Partido Colorado en 1989, estaba lejos de tener la hegemonía del mismo que lo tenía mayormente el Dr. Julio María Sanguinetti, que simplemente no había competido en 1989, porque constitucionalmente no esta admitida la re-elección en Uruguay. 

 DEROGACION DE LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LA LEY 

Así fue como se llego a la ultima y definitiva instancia, el 13 de Diciembre de 1992, donde la ciudadanía debía votar de manera obligatoria en aquellos habilitados en el padrón por la papeleta del SI (derogar, o sea, contra las privatizaciones y desmonopolizaciones ) o por NO (para mantener la Ley).

La opción del SI ganó con un 72% de los votos válidos, o sea 1.293.016 voluntades a favor de derogar, mientras que 489.302 votaron por sostener la Ley, o sea, apenas un 28%.

Si tomamos las Elecciones de 1989 donde corría la Ley de Lemas, donde los votos de los candidatos se sumaban al candidato más votado del partido tenemos que:

Partido Nacional- 765.990 votos 

Partido Colorado- 596.964 votos

Frente Amplio - 418.403 votos 

Nuevo Espacio - 177.453 votos

Dentro del Partido Nacional, el Dr. Lacalle obtuvo 444.839 votos en 1989, por lo que se presume que los votos en contra de la derogación de la Ley, fueron mayormente del sector Herrerista, algún otro sector del Partido Nacional y de algunos que votaron a Jorge Batlle en el Partido Colorado en 1989. En el resto del Partido Nacional, así como la mayoría del Partido Partido Colorado y Nuevo Espacio junto a todo el Frente Amplio, se inclinó por la derogación. 

Este referéndum, además de debilitar la fuerza política del gobierno de Lacalle, limitándolo enormemente en sus reformas hasta 1994 y mermando la chance de reelección del Partido Nacional, reforzó la preferencia de los uruguayos por mantener el control estatal sobre ciertos servicios y empresas, proceso que sigue hasta estos días de manera mas reforzada inclusive. 

El Partido Nacional y Colorado, no pusieron prácticamente el tema en agenda en este siglo de hegemonía electoral y cultural del Frente Amplio. Tibiamente el gobierno de Luis Lacalle 2020-25, pretendió a través de la Ley de Urgente Consideración del 2020, desmonopolizar ANCAP, algo que reclama buena parte de la sociedad, dado el agujero económico que ha causado, pero no obtuvo siquiera el consenso dentro de los partidos de coalición de gobierno, siendo retirada de la LUC.  

 EL ROL DEL DR. JULIO SANGUINETTI EN LA DEROGACION DE LA LEY

El ex-Presidente en ese momento Julio María Sanguinetti desempeñó un papel significativo en el referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas N° 16.211, aunque de una manera más indirecta y estratégica que directa. Sanguinetti, siendo un miembro prominente del Partido Colorado y líder del Foro Batllista, no promovió activamente el Referéndum, pero su sector político, junto con otros miembros del Partido Colorado, no apoyaron los artículos que permitían la privatización de ciertas empresas públicas cruciales. Esto significó que cuando el referéndum fue convocado, Sanguinetti y su sector no se opusieron a la derogación de esos artículos, lo que le permitió alinear su postura con la de muchos uruguayos que se oponían a las privatizaciones masivas.

"Pero Vds. están jugados en defensa de la ley", atinó a decirle Lacalle. Al día siguiente, apremiado por la necesidad de fijar posición, Sanguinetti se dedicó a la elaboración de un documento que expresaría la posición oficial del Foro, el cual fue leído a la dirigencia. Sostenía que "el país ha sido encerrado extremistamente por dos corrientes, una reaccionaria que dice disparatadamente que hay que destruir el Estado batllista y otra igualmente reaccionaria, aunque de izquierda, que pretende rechazar toda inversión que no sea uruguaya". El manifiesto pidió al gobierno "que considere modificar la ley" y a sus impugnadores "que entiendan también que el país no puede, sin más trámite, dar un portazo a la reforma del Estado y sacudirse de hombros como si eso fuera sin costo en el mundo actual". Referencia

El resultado del referéndum, donde se logró la derogación parcial de la ley, fue interpretado como un rechazo a las políticas más radicales del gobierno de Lacalle. Esta atmósfera política favoreció a Sanguinetti para la elección de 1994, que representaba un perfil de centro, más moderado que lo que contrastaba con la administración de Lacalle y que es algo que compra el electorado uruguayo fácilmente en cada elección. Si uno palpa a lo largo del tiempo, el comentario promedio uruguayo, es que está todo mal, que hay que cambiar pero a la hora de votar, quien propone dejar todo como esta y mejorarlo con algún maquillaje sutil,  suele tener más chances de ganar que el más arriesgado, por lo que elección a elección, la oferta electoral en Uruguay es cada vez mas repetida y poco osada. Como dijo alguien alguna vez, al uruguayo no le gusta perder a nada, pero mas le gusta el empate.  Sanguinetti fue el mejor interprete del país del empate en su momento y la victoria en el referéndum le ayudó a consolidar su imagen como un líder que podía unir a diferentes sectores del espectro político, incluyendo a aquellos descontentos con las políticas económicas de Lacalle. Este equilibrio entre reformismo y conservadurismo hizo que Sanguinetti fuera visto como una opción más segura y menos polarizante para una parte significativa del electorado. 

En las elecciones de 1994, Sanguinetti ganó con el 32% de los votos bajo el sistema de Leyes de Lemas, lo que le permitió asumir nuevamente la presidencia de Uruguay. Su éxito electoral no puede atribuirse únicamente al referéndum, pero sí jugó un papel en fortalecer su candidatura al mostrar que su sector del Partido Colorado podía navegar las aguas turbulentas de la política uruguaya con un enfoque más dialogante y menos confrontativo en temas económicos y sociales. De todas formas como veremos, su victoria fue personal y corto placista pero fue derrota en el largo plazo para su partido, porque le incubó toda clase de problemas a su sucesor que no pudo hacer pie. 

  EL ROL DEL FRENTE AMPLIO EN LA DEROGACION DE LA LEY 

y COMO INFLUYO EN EL FUTURO POLITICO

El Frente Amplio jugó un rol crucial en el referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas N° 16.211, que se celebró el 13 de diciembre de 1992, ya que fue uno de los principales impulsores de la recolección de firmas necesaria para convocar el referéndum, uniéndose a sindicatos y otros grupos sociales en oposición a la privatización de las empresas públicas propuestas por la ley. Mientras que Sanguinetti miraba a 1994, el Frente Amplio apuntaba un poco más adelante y fue el ganador en el largo plazo de lo ocurrido en 1992. 

Es así como este espacio que en aquel momento reunía un 25% del electorado, lanzó una intensa campaña argumentando que la ley representaba una amenaza para el patrimonio nacional y el rol del Estado en la economía, logrando convencer a la mayoría de la gente aun fuera de su electorado, ayudado por gran parte del Partido Colorado que obtuvo un beneficio inmediato en la elección de 1994, pero siendo el Frente Amplio el gran ganador de todo esto en el largo plazo, ya que el éxito en el referéndum fue un punto de inflexión, consolidando su imagen como defensor de los intereses públicos y estatales frente a las políticas de mercado, con una gran movilización que fortaleció la base organizativa y electoral del partido, creando una red de activistas y simpatizantes que fueron fundamentales en las campañas electorales subsiguientes, llegando al poder en las elecciones del 2004 en las que con Tabaré Vázquez como candidato, el Frente Amplio obtuvo el 50.45% de los votos, logrando por primera vez la presidencia de la República. 

Aunque no es el único factor, el referéndum de 1992 jugó un papel significativo en esta victoria al demostrar la capacidad del Frente Amplio para movilizar y ganar apoyo popular en torno a temas centrales como el manejo de las empresas públicas, por tanto, el referéndum de 1992 no solo fue una victoria política específica para el Frente Amplio sino que también marcó el comienzo de una era de ascenso y consolidación electoral que culminó en la victoria de 2004 y la hegemonía posterior, mostrando una conexión directa entre la defensa de políticas públicas y el éxito en las urnas y que se mantiene hasta hoy, habiendo ganado 4 de las últimas 5 elecciones nacionales, siendo la fuerza mas votada en primera vuelta en las últimas 6 elecciones consecutivas, en gran parte también ayudado por la falta de audacia, la mirada el corto plazo de la mayoría de los políticos y votantes del Partido Colorado y Nacional, que hoy se enfadan cuando elección tras elección, el Frente Amplio se consolida  salvo el tropezón del 2019, pero que cultivaron esa hegemonía en gran parte hace 3 décadas atrás, cuando no miraron para adelante sino que especularon con la elección de 1994. 

El Frente Amplio no ganó en 1994 ni en 1999, pero fue creciendo de manera paciente y constante, forjando una fuerza política solida que se mantiene hasta hoy, mientras que los partidos tradicionales naufragan entre la nostalgia del pasado lejano, tratar de mostrar que son el cambio pero tampoco mucho. El país del empate, hoy lo domina el Frente Amplio, en parte, porque cuando tuvieron la oportunidad, sus hoy oponentes, no jugaron a ganar.

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